Los partidos políticos han reaccionado con posiciones encontradas ante la propuesta del Gobierno de disolver la Fiscalía y redistribuir sus atribuciones. El plan contempla transferir las competencias investigadoras a una nueva agencia para delitos graves y asignar la potestad de presentar acusaciones a otro organismo especializado en la formulación de cargos.

La principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, calificó la iniciativa como una "venganza política" del Ejecutivo. En contraste, el oficialista Partido Democrático considera que la desaparición del ministerio público y la dispersión de sus funciones supondrían un punto de inflexión en la reforma de las instituciones de poder.

El proyecto de reorganización administrativa también incluye cambios en otros ámbitos. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, se prevé su supresión y la división de sus facultades entre la gestión macroeconómica, por un lado, y el diseño y ejecución presupuestaria, por otro. Asimismo, se estudia trasladar la responsabilidad de las políticas energéticas desde el Ministerio de Industria al de Medioambiente con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión, según explicó la formación gobernante.