El presidente Lee Jae Myung mantuvo el lunes 8 una reunión con los líderes del gobernante Partido Democrático y del opositor Poder del Pueblo, las dos principales fuerzas políticas del país y con mayor peso en la Asamblea Nacional.

El mandatario abrió el encuentro recalcando que su misión más importante es "unir al pueblo" y aseguró que está dispuesto a escuchar todas las voces de la sociedad, en especial las de la oposición. En este sentido, se comprometió a reflejar de manera equilibrada las opiniones de los distintos sectores en la gestión del Estado y en las políticas gubernamentales. También hizo referencia a la reciente cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una cita en la que, en su opinión, quedó patente que la clase política, pese a las discrepancias, es capaz de armonizar posturas y defender conjuntamente los intereses nacionales en beneficio de la población.

En respuesta, el líder del Partido Democrático, Jung Chung Rae, coincidió en que la cooperación entre oficialismo y oposición es indispensable y recordó que el objetivo último de la política es servir a la ciudadanía y garantizar el bienestar nacional. No obstante, instó a sancionar a los responsables del caos sociopolítico generado por la proclamación de la ley marcial del 3 de diciembre de 2024, que el Tribunal Constitucional declaró ilegal. Además, reclamó acelerar las reformas en curso sobre la Fiscalía, los medios de comunicación y el Poder Judicial, al tiempo que subrayó, al igual que el presidente, la necesidad de un consenso suprapartidista en defensa, seguridad nacional y política exterior.

Por su parte, el líder de Poder del Pueblo, Jang Dong Hyeok, pidió a Lee que vete dos proyectos de ley impulsados por el oficialismo: uno que refuerza las investigaciones en curso bajo fiscales independientes y otro que plantea la creación de un tribunal especial para juzgar los actos de rebelión vinculados a la ley marcial. A su juicio, el veto es esencial para "normalizar la política y alcanzar la armonía". Finalmente, propuso establecer un mecanismo permanente de diálogo y consultas entre la Presidencia, el Gabinete y las formaciones políticas para debatir sobre la administración del país.