El oficialismo y la oposición volvieron a chocar el viernes 21 a raíz del fallo que impone multas a los legisladores implicados en los enfrentamientos ocurridos en 2019 durante el proceso 'fast-track' en la Asamblea Nacional.

El gobernante Partido Democrático criticó con dureza la sentencia, al estimar que el tribunal impuso sanciones demasiado leves a los diputados que ocuparon de forma ilegal espacios legislativos y paralizaron el funcionamiento del Parlamento. Además, sostuvo que permitir que los implicados conserven sus escaños supone una vulneración de la justicia y debilita la Ley de Modernización Parlamentaria. En este contexto, instó a la Fiscalía a presentar una apelación inmediata.

Por su parte, la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, respaldó el veredicto y afirmó que el resultado era "completamente natural". La formación argumentó que aquel episodio debía haberse abordado en el ámbito político y no en los tribunales, y sostuvo que la resolución confirma que la actuación de sus legisladores fue una respuesta inevitable ante lo que consideran una gestión unilateral de la Asamblea Nacional por parte del Partido Democrático.