La Conferencia Nacional de Jueces Representantes concluyó el lunes 8 tras seis horas de debate, durante las cuales los participantes expresaron su preocupación por la reforma del Poder Judicial impulsada por el gobernante Partido Democrático.

En particular, los jueces asistentes mostraron inquietud por dos proyectos de ley concretos presentados por el oficialismo: la creación de un juzgado especial para investigar el caso de la fallida ley marcial y el intento de rebelión, y la tipificación de la llamada "perversión jurídica" como delito penal. Su postura es que ambas iniciativas son potencialmente inconstitucionales y podrían vulnerar la independencia judicial.

Respecto al juzgado especial, ya antes de la Conferencia Nacional de Jueces Representantes habían surgido evaluaciones desfavorables que advertían de que podría contravenir el principio de separación de poderes.

Durante la reunión también se abordaron posibles cambios en los protocolos de nombramiento y evaluación de jueces. Los presentes subrayaron que cualquier modificación no debe realizarse de forma precipitada ni sin un debate profundo y que deberán recabarse las opiniones de la ciudadanía, ya que lo contrario podría socavar las garantías de independencia judicial y la confianza pública en los tribunales.

En resumen, insistieron en que cualquier reforma del Poder Judicial debe ir precedida de un proceso exhaustivo que permita converger diversas opiniones, de modo que los cambios reflejen tanto los puntos de vista de los jueces en activo como las expectativas de la sociedad.