La venta de activos estatales deberá someterse a partir de ahora a revisiones previas por parte del Consejo de Ministros o de instituciones especializadas en análisis patrimonial cuando supere determinados umbrales económicos, y quedará prohibida si se realiza a precios por debajo de su valor de tasación.

Así se resume la reforma del sistema de enajenación de activos estatales, anunciada el lunes 15 por el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de impedir la privatización indiscriminada y la infravaloración de bienes o empresas públicas, así como de reforzar la transparencia en este tipo de operaciones.

Los responsables de la iniciativa precisaron que las ventas por un importe superior a 30.000 millones de wones deberán ser debatidas en el Gabinete y notificadas con antelación a la Asamblea Nacional. En el caso de activos cuyo valor se sitúe entre los 5.000 y los 30.000 millones de wones, las operaciones serán examinadas por entidades especializadas, como el Comité Asesor de Políticas sobre Patrimonio Nacional.

El ministerio subrayó que los activos estatales no constituyen un mero instrumento de obtención de ingresos fiscales, sino que representan un bien público estrechamente vinculado al bienestar del país, de la sociedad y de las generaciones futuras. De ahí, señalaron, la necesidad de reforzar el marco normativo que regula su gestión para garantizar procesos más rigurosos y transparentes.