El expresidente Yoon Suk Yeol, para quien la Fiscalía solicitó la pena de muerte por el caso de la ley marcial del 3 de diciembre de 2024, aseguró en su declaración final que la medida no fue una insurrección, sino un llamamiento a la ciudadanía para vigilar y frenar lo que calificó como prácticas perjudiciales para el país.

La declaración se produjo en la madrugada del miércoles 14, alrededor de las doce y diez, tras más de quince horas de audiencia final celebrada el martes 13 en el Tribunal del Distrito Central de Seúl.

Yoon sostuvo que se trató de la ley marcial más breve de la historia moderna del país, de apenas unas horas, y criticó que se haya presentado como una insurrección, derivando en investigaciones masivas y en la imputación de numerosos funcionarios. También acusó a la entonces oposición de abusar de su poder legislativo mediante destituciones y recortes presupuestarios, paralizando el Gobierno, y reiteró que decretó la ley marcial para alertar a la población de una situación de emergencia nacional y pedir su apoyo para superarla.

Por su parte, el abogado Kim Hong Il, miembro del equipo de defensa, afirmó que Yoon solo discutió la medida con el entonces ministro de Defensa y que no existió preparación alguna para un golpe de Estado ni una organización que permitiera configurar el delito de insurrección.