Los abogados que buscan una compensación para los surcoreanos reclutados a la fuerza para trabajar durante la dominación nipona el siglo pasado acudieron el lunes 12 a la sede de Nippon Steel & Sumitomo Metal en Tokio, pero les fue denegado el acceso.

Los abogados Lim Jae Sung y Kim Se Eun, a cargo de la parte demandante, junto con varios grupos cívicos, intentaron reunirse con los representantes de dicha empresa en su sede de Tokio para exigir que la firma respetara el fallo de la Corte Suprema surcoreana y asumiera la indemnización, pero los guardias de seguridad les fue impedido el acceso al edificio.

Así, ni pudieron reunirse ni entregar la carta de solicitud a la parte demandada, y tuvieron que salir del edificio en 30 minutos.  

Lim dijo a los medios que negarse a conversar es un "acto cobarde". En tanto, como la compañía no ha anunciado un plan para compensar a los demandantes ni ha aceptado negociar, según habilita la ley, iniciarán un proceso para incautar los activos de la firma en Corea del Sur.

Por su parte, el secretario del Gabinete nipón, Yoshihide Suga, anunció que el Gobierno japonés mantiene un estrecho contacto con las empresas afectadas por este caso y demandas similares.