Tras una meticulosa investigación de tres meses, desde noviembre del año pasado, un equipo gubernamental para combatir las irregularidades del sector público sobre empleo detectó 182 casos de corrupción, según informaron el miércoles 20.
Así, 16 involucraban a familiares o parientes de funcionarios en varias entidades públicas. En tanto, 158 casos eran sobre nuevas contrataciones y 24 sobre cambio de estatus de contrato provisional a indefinido.
Al respecto, el Gobierno suspenderá a tres funcionarios de alto rango involucrados, al tiempo de apartar de sus tareas habituales a otros 281 indirectamente relacionados, a los que sancionará más tarde en base a su responsabilidad a medida que avance la investigación.
Mientras, aquellos que fueron contratados mediante irregularidades serán excluidos de sus deberes o incluso expulsados, según los casos. Si bien los directamente afectados por dichas anomalías, tendrán una segunda oportunidad para postularse al examen de ingreso.