Mientras aumenta la preocupación por el impacto del rápido envejecimiento demográfico y la disminución de la población activa en la economía, el Gobierno se enfrenta a un enorme dilema, que incluso baraja abolir la edad legal y efectiva de jubilación. 

Al respecto, un alto cargo declaró el domingo 23 que a corto plazo planean incentivar los programas de fomento de empleo para mantener los contratos laborales aún tras la edad de jubilación y de recontratación de jubilados. Pero a medio y largo plazo, intentan primero retrasar la edad de jubilación, para finalmente apostar por abolir dicho límite.  

Esa estrategia irá acompañada de otras medidas para evitar un abrupto incremento de costes laborales a empleadores y una posible repercusión negativa en cuanto a empleo juvenil, como trabajos a tiempo parcial para personas de edad avanzada y sistema de salario flexible. 

Según la Oficina Nacional de Estadística, la población activa de 15 a 64 años sufrirá entre 2020 y 2029 un descenso promedio anual de unos 330.000 ciudadanos, cifra que aumentará hasta 520.000 personas durante el periodo 2030-2039. Este déficit podría lastrar el potencial de crecimiento económico hasta por debajo del 2% durante la próxima década.