Transcurridos un año y cinco meses desde la implementación de la ley que permite al paciente decidir sobre los cuidados paliativos o no prolongar la vida mediante tratamientos médicos, adoptada en febrero de 2018, unas 54.000 personas han mostrado su voluntad de no someterse a tales cuidados y ejercer su derecho a "morir dignamente". 

Específicamente, y según datos del Ministerio de Salud y Bienestar, los pacientes que pospusieron o interrumpieron todo tratamiento paliativo o para prolongar artificialmente la vida en ese tiempo suman 53.900 personas. En su mayoría pacientes con enfermedades graves como cáncer, afecciones respiratorias, enfermedades cardíacas y patologías cerebrales.

Los cuidados paliativos o las intervenciones para prolongar la vida mediante asistencia o dispositivos médicos son cuidados o intervenciones carentes de efecto curativo, que solo sirven para retrasar la muerte. Al decidir aplazarlos, se renuncia a recibir dichos tratamiento al conocer la enfermedad, mientras que interrumpirlos implica suspender los tratamientos que ya se venían recibiendo. 

Desde finales de marzo de 2019, la lista de tratamientos que el paciente puede rechazar en base a dicha ley, referida comúnmente como "ley de muerte digna", incluye trasfusiones de sangre, uso de dispositivos de soporte pulmonar extracorpóreo e inyecciones de inotrópicos, además de las cuatro principales intervenciones para prolongar la vida, tales como reanimación cardiopulmonar, respiración artificial, hemodiálisis e inyección de sustancias carcino estáticas.