El Gobierno valora aumentar la edad legal para recibir la pensión de vejez y otros privilegios de los mayores, actualmente fijada en 65 años, y también imponer a las empresas que garanticen algún tipo de empleo a los trabajadores después de la jubilación, a cambio de ciertos beneficios.

Esta medida se incluye entre otras anunciadas el miércoles 18 para afrontar los retos demográficos y de envejecimiento de población del país con cuatro objetivos específicos: incrementar el volumen de población activa, paliar el impacto del descenso poblacional, gestionar efectivamente el aumento de personas en la tercera edad y controlar la subida del gasto en bienestar social. 

En concreto, elevar la edad legal para recibir la pensión y los privilegios de la vejez está directamente vinculado con un incremento fiscal de las prestaciones sociales, pues los datos anticipan que esos gastos irán en aumento. 

En este contexto se enmarca la medida de obligar a las empresas a responsabilizarse del empleo de sus trabajadores, aún tras cumplir la edad de jubilación, como ocurre en Japón, país donde opera el llamado "empleo continuo". Bajo este sistema, los empleadores deben mantener los contratos hasta una determinada edad mediante diversas fórmulas, como recontratación y aumento de la edad de jubilación o incluso supresión de ese límite.