Como parte de la investigación a una ONG en defensa de las víctimas de esclavitud sexual por malversación de fondos, la Fiscalía registró el jueves 21 una residencia que acoge a estas ancianas, ubicada en el distrito de Mapo, en Seúl. 

Previamente procedieron al registro de las oficinas del Consejo Coreano para la Justicia y la Memoria, donde requisaron datos contables y otros documentos y datos de ordenadores. 

Ahora intentará verificar si las irregularidades contables recientemente denunciadas, fueron deliberadas o no y si desviaron fondos de las donaciones.

Por su parte, el Consejo acusó a los fiscales de abuso de autoridad y de vulnerar los derechos humanos, pese a que previamente se ofrecieron a colaborar con la investigación y a facilitar el acceso a los documentos en la residencia. 

Una vez termine de analizar los documentos incautados, la Fiscalía convocará a los involucrados, incluida Yoon Mee Hyang, ex representante de la asociación y diputada elegida por representación proporcional en las recientes elecciones generales.