Tres años después de la entrada en vigor de una ley que permite a aquellos pacientes desahuciados optar por cuidados paliativos o suprimir todo tratamiento, unas 800.000 personas han mostrado su voluntad de no recibir esos cuidados y ejercer su derecho a una "muerte digna". 

Según el sector médico, desde que dicha norma entró en vigor el 4 de febrero de 2018, cada vez más pacientes muestran su voluntad de morir dignamente.  

Desde febrero de 2018 hasta finales de diciembre de 2020, un total de 790.193 personas inscribieron una declaración de voluntad anticipada, rechazando posibles terapias -como reanimación cardiopulmonar, hemodiálisis, tratamiento contra el cáncer y uso de dispositivos de respiración artificial- con el mero fin de prolongar su vida. Entre ellos destaca un 70% de mujeres, mientras que un 88% tienen más de 60 años.

En tanto, 57.512 pacientes con patologías avanzadas rechazaron cuidados paliativos previo acuerdo y diagnóstico de su médico.  

Los pacientes en fase terminal que optaron por no someterse a tratamientos para prolongar la vida totalizaron 134.945 personas, un 59,7% varones y un 81% de más de 60 años.