La Ley de Conflicto de Intereses, que busca prevenir colusiones entre el deber público y el interés privado, de cara a fomentar la integridad en el servicio público, ha pasado la primera fase de tramitación parlamentaria para su aprobación. 

El proyecto de ley fue avalado el miércoles 14 en el segundo subcomité de evaluación legislativa del Comité de Política Nacional,un mes después de surgir el caso de especulación inmobiliaria por parte de funcionarios de LH, la Corporación Coreana de Tierra y Vivienda. 

La ley vinculará a 1,9 millones de personas, entre aquellos que ocupan cargos públicos, funcionarios y empleados de entidades estatales, gubernamentales y públicas, y hasta cinco o seis millones al incluir sus familiares, aunque no se aplicará a trabajadores del sector público con contrato provisional o temporal. 

Dicha norma agrupa en seis categorías las actividades o prácticas bajo control, como procesos de autorización o certificación, auditorías administrativas, servicio militar e ingreso a instituciones educativas. Aquellos funcionarios o empleados públicos que realizan tareas relacionadas deberán notificar a sus superiores y pedir su exclusión en caso de tener intereses privados vinculados. 

Asimismo, la ley prohíbe el uso de información privilegiada, estableciendo penas de hasta siete años de prisión o multas de hasta 70 millones de wones. También limita el uso de información confidencial en beneficio propio, conducta que sanciona con hasta tres años de prisión o una multa de 30 millones de wones. 

Se prevé la Ley de Conflicto de Intereses será aprobada a fines de abril en el Pleno parlamentario.