Los gobiernos regionales han aceptado la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos considerando como discriminatoria una orden ejecutiva para obligar a los trabajadores inmigrantes de cada zona a someterse a una PCR como medida contra la pandemia.
El pasado mes de marzo, la Comisión de Derechos Humanos recomendó a las autoridades sanitarias y a los gobiernos regionales suspender dicha orden y no someter discrecionalmente a los trabajadores inmigrantes a test de coronavirus, al considerar que esa medida resultaba discriminatoria.
Los gobiernos regionales retiraron dicha orden o bien la sustituyeron por una recomendación para el personal extranjero y nacional de fábricas o grandes centros de trabajo.
En su resolución, la comisión dijo entender los esfuerzos proactivos de las autoridades para frenar la pandemia, pero explicó que segregar sin motivo a un grupo específico, puede generar el efecto contrario y hacer que las personas desistan de cooperar voluntariamente con las pautas de prevención, además de alimentar la xenofobia y la discriminación hacia los extranjeros.