El Ministerio de Exteriores activó el lunes 4 un grupo consultivo público-privado sobre movilización forzosa y explotación de trabajadores durante el colonialismo e indemnizaciones a las víctimas. 

En el grupo participan asociaciones de víctimas, especialistas en derecho internacional, expertos sobre Japón y representantes de organizaciones económico-empresariales. 

El objetivo es encontrar la solución más diplomática posible ante la inminente venta de los activos que la Justicia surcoreana incautó a empresas niponas por no cumplir con el pago de indemnizaciones, considerando que dicha acción judicial podría tener repercusiones en sumo negativas en las relaciones entre Seúl y Tokio.