El Tribunal Constitucional ha desestimado una consulta sobre la constitucionalidad de la reforma de la Fiscalía que promueve el Parlamento, cuestionando que no se ajustan a la Carta Magna.

El partido oficialista Poder del Pueblo y el Ministerio de Justica cuestionaron las enmiendas a la Ley de la Fiscalía y al Código Procesal Penal, sometidas a consecutivas reformas en abril y mayo de 2022 a iniciativa del principal opositor The Minjoo, con el objetivo de reducir la potestad investigadora de la Fiscalía y repartir dichas competencias con la Policía. 

Así, mientras la Fiscalía actualmente puede investigar seis delitos, la reforma remite su potestad solo a dos: corrupción y delitos económicos, excluyendo delitos electorales, de altos cargos y del sector defensa, y delitos sobre desastres a gran escala. 

La petición buscaba invalidar la reforma, considerando que reducir la potestad investigadora de la Fiscalía era inconstitucional y que su proceso de aprobación parlamentaria vulneró el derecho a voto de los partidos minoritarios. 

No obstante, el Tribunal Constitucional desestimó dicha petición el jueves 23, concluyendo que aunque el proceso de aprobación de las enmiendas vulneró el derecho a voto de los partidos minoritarios, dichas leyes son constitucionales.