Oficialismo y oposición están ferozmente enfrentados tras la decisión del Tribunal Constitucional sobre las reformas de redistribución de competencias entre la Fiscalía y la Policía, que buscan despojar a los fiscales de gran parte de su potestad investigadora, una reforma legal aprobada en mayo de 2022 por la Asamblea Nacional. 

El Constitucional desestimó una consulta que cuestionaba la adaptación a la Carta Magna de la reforma de la Fiscalía, confirmando la constitucionalidad de las reformas de la Ley de la Fiscalía y del Código Procesal Penal. 

El principal opositor, el partido The Minjoo, exigió al ministro de Justicia, Han Dong Hoon, y a los fiscales que elevaron dicha consulta al Tribunal Constitucional en un intento de anular los esfuerzos de reforma, asumir su responsabilidad y ofrecer una disculpa formal ante la ciudadanía. También exhortó al ministro de Justicia a retirar la Orden Ejecutiva redactada por su cartera para neutralizar el efecto de la reforma y devolver las facultades investigadoras a la Fiscalía. 

En cambio, el oficialista Poder del Pueblo calificó de "poco objetiva" la decisión del Tribunal Constitucional y justificó la Orden Ejecutiva del Ministerio de Justicia, mientras que el titular de la cartera expresó que la mantendría. 

Dicha Orden Ejecutiva redefine en base a criterios más amplios los delitos que la Fiscalía puede investigar, devolviendo a dicho organismo gran parte de las facultades que la reforma parlamentaria redistribuyó al aprobar esa reforma legal.