La Ley Antisoborno -más conocida como Ley Kim Young Ran- destinada a erradicar la corrupción entre empleados públicos, trabajadores de medios, y profesores, entró en vigor en Corea del Sur el miércoles 28. 

Dicha norma prohíbe todo tipo de peticiones injustas sobre trámites en entidades públicas y escuelas -ya sean públicas o privadas-, así como la entrega y aceptación de sobornos, aunque no sean intencionados ni busquen favores a cambio. 

En cuanto a los gestos habituales del cumplimiento de funciones o a aquellos de cortesía en la relación interpersonal, su coste no deberá superar los 30.000 wones, en caso de una comida, los 50.000 en caso de algún obsequio, o los 100.000 wones en caso de fallecimientos o natalicios.

En caso de concretarse que implican abuso de autoridad por parte del receptor, ambas personas -donante y destinatario- serán sancionados. La ley antisoborno también incumbe a cónyuges y colaboradores de funcionarios públicos, lo que implica que, de un modo u otro, esta medida afecta a todo el pueblo surcoreano. 

Para interponer una denuncia por presunto soborno, el demandante deberá actuar en nombre propio y aportar pruebas, tales como recibos o declaraciones de testigos.