Se emitió el primer dictamen del Tribunal Supremo sobre el caso de unos leprosos que fueron obligados a abortar, y ordena al Estado indemnizar a esas personas. 

La corte presentó el miércoles 15 el veredicto final del juicio iniciado por 19 enfermos de lepra contra el Estado, confirmando el fallo en primera instancia, que imponía al Estado entregar una indemnización de 40 millones de wones por persona para las 10 mujeres que fueron obligadas a abortar, y de 30 millones de wones por persona para los 9 varones a los que se practicó una vasectomía. 

Desde 2011, un total de 539 leprosos presentaron demandas colectivas contra el Gobierno, pero es la primera vez que se emite un dictamen final. 

Los jueces explicaron que las intervenciones quirúrgicas realizadas a los demandantes constituyen un ejercicio ilegal de la autoridad pública, y por tanto el Estado ha de reparar los daños e indemnizar a los afectados. 

Así las cosas, se prevé que otros cinco juicios interpuestos sobre esta misma causa, que actualmente están en marcha tanto en el Tribunal Supremo, como en el Tribunal Regional Central de Seúl, emitirán dictámenes similares. 

La práctica de vasectomías y abortos forzados a leprosos comenzó en Corea en 1935, durante el periodo de dominio colonial japonés, bajo la falsa creencia de que la lepra era una enfermedad de transmisión genética. Este prejuicio prevaleció aún después de la liberación del país, dando continuidad a dichas prácticas.