Desde la activacion del proyecto piloto para implementar la Ley de Muerte Digna en octubre, dicha ley ha registrado siete casos de aplicación práctica.  

Según el Ministerio de Salud y Bienestar, cuatro hombres y tres mujeres con enfermedades terminales fallecieron de muerte natural tras agravarse su estado de salud. Estos pacientes declararon su negativa a recibir tratamiento para prolongar su vida de modo artificial en los supuestos que la ley contempla, como reanimación cardiopulmonar, aparatos de respiración asistida, hemodiálisis o terapia anticancerígena. 

Hasta la fecha, más de 2.000 ciudadanos, en su mayoría sanos, han presentado los documentos para rechazar los tratamientos mencionados, ante una situación terminal.

El Ministerio también anunció que realizará algunas reformas antes de la segunda fase, prevista para febrero de 2018, para permitir que los pacientes que pudieran entrar en situación terminal en un plazo de meses, puedan acogerse a esta norma.