Un reportaje de KBS ha confirmado que un tribunal regional de Corea del Sur pidió al Constitucional revisar si el artículo de la ley sobre asambleas y manifestaciones que prohíbe protestar frente al edificio del Parlamento, no viola los derechos básicos de los ciudadanos.

En mayo de 2015, un grupo de personas protestó en las escaleras de acceso al edificio principal de la Asamblea Nacional y dos de ellas fueron sometidas a juicio pues en virtud de ese artículo, organizar manifestaciones a 100 metros o menos del Parlamento, las Cortes o el Tribunal Constitucional está prohibido. 

El Tribunal Regional de Gwangju a cargo del caso solicitó al Tribunal Constitucional valorar si esa prohibición no atenta contra los derechos básicos de los ciudadanos. Argumentó que, en una democracia representativa como la que rige el sistema surcoreano, es muy importante que las personas tengan la libertad de congregarse y organizar asambleas o manifestaciones en lugares emblemáticos como el Parlamento, y consideró que dicho artículo limitaba esa libertad al prohibir ciertas zonas tomando como único criterio la distancia. 

En 2009, el Tribunal Constitucional dictaminó que ese precepto era conforme a derecho, y por tanto el interés se centra en saber si mantendrá esa doctrina respecto a recientes casos de personas acusadas de vulnerar dicho artículo, a los que otros juzgados o tribunales han considerado como inocentes.