El Tribunal Constitucional ha declarado que un precepto de la ley que regula el servicio militar va contra la Carta Magna, al no ofrecer ninguna prestación social sustitutoria como opción alternativa para los objetores de conciencia. 

En concreto, seis de los nueve jueces del máximo tribunal reconocieron el jueves 28 la inconstitucionalidad del artículo número 5 de la Ley del Servicio Militar en vigor, si bien otros tres emitieron su voto en contra. 

Así, la ley permanecerá en vigor solo hasta el 31 de diciembre de 2019, mientras que la Asamblea Nacional deberá presentar un proyecto de ley para ofrecer una prestación alternativa al servicio militar. 

El Tribunal Constitucional consideró que vulnera la libertad de conciencia imponer un castigo a aquellos que rechacen cumplir el servicio militar por motivos de conciencia, cuando el Estado no les ofrece otras alternativas. 

Sin embargo, determinó la constitucionalidad del artículo 88 de dicha ley, que estipula que los que incumplan la prestación militar sin justa causa serán castigados con hasta 3 años de prisión, al considerar que la inconstitucionalidad deriva de no ofrecer una prestación social sustitutoria y no de la imposición de sanciones por negarse a cumplir el servicio militar. 

Los objetores por motivos religiosos venían argumentando que la ley en vigor sobre servicio militar vulneraba su libertad de conciencia y religión. Entonces, algunos magistrados solicitaron al Constitucional valorar esa norma, alegando que violaba los derechos básicos de los objetores, al imponerles un castigo sin alternativas que respeten su libertad de conciencia.