Tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que confirma la indemnización a los trabajadores coreanos reclutados a la fuerza por Japón durante la época colonial, el Gobierno de Corea del Sur convocó a los ministros a una reunión para debatir medidas de seguimiento. 

Al finalizar la reunión presidida por el primer ministro Lee Nak Yeon, los reunidos emitieron una declaración en nombre del premier para acatar la decisión de la Justicia y formular medidas de respuesta en base a opiniones de expertos del sector público y privado. Asimismo, acordaron esforzarse para que las heridas psicológicas de las víctimas se curen lo antes posible. 

No obstante, no mencionaron medidas concretas a adoptar, como una posible incautación de bienes a la empresa nipona demandada, ni denunciar la validez del Acuerdo de Resolución de Reclamaciones firmado entre Corea del Sur y Japón entre 1965.  

Finalmente, expresaron su deseo de seguir manteniendo con Japón una relación bilateral orientada a futuro y al margen de conflictos sobre sucesos históricos, como la esclavitud sexual o el reclutamiento forzoso de trabajadores coreanos.