El ministro de Asuntos Exteriores, Park Jin, se reunió personalmente con las víctimas de movilización forzosa y explotación laboral durante el colonialismo, que demandaron a varias firmas japonesas por los daños sufridos. 

El encuentro buscaba escuchar la opinión de las víctimas para hallar una solución al problema, si bien Exteriores aseguró que no retirará la postura que manifestó ante el Poder Judicial, refiriéndose a los dictámenes de indemnización emitidos contra las empresas niponas demandadas.

Previamente, en la primera semana de agosto, el Ministerio de Exteriores remitió al Tribunal Supremo una carta de opinión donde destacaba los esfuerzos que lleva a cabo para resolver de la mejor manera el tema de la explotación laboral en la era colonial y la indemnización a las víctimas, solicitando indirectamente frenar la venta de activos incautados a la parte demandada. Entonces, la corte examinaba la venta de activos de Mitsubishi Heavy Industries para indemnizar a las víctimas, y la parte demandante protestó contra la cancillería por intentar influir en dicho proceso al presentar arbitrariamente una carta de opinión, mientras seguían sin culminar las negociaciones, traicionando su confianza.

Durante la reunión, una de las víctimas, un hombre de 102 años laboralmente explotado por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, exhortó al canciller a obtener una disculpa oficial del gabinete de Tokio. En tanto otra víctima, una mujer que viene luchando desde hace tres décadas para que Japón reconozca los abusos cometidos en el pasado, entregó una carta al ministro expresando su frustración al ver el silencio del Gobierno surcoreano ante Japón, pese a que el Tribunal Supremo falló a favor de las víctimas. 

El ministro se comprometió a hacer todo lo posible por solucionar el problema, al tiempo de exigir a Tokio abordar el tema desde una correcta perspectiva histórica, en pos de un mejor futuro para ambos países. No obstante, comentó que mantendrá la postura que expresó ante el Tribunal Supremo pues acata los protocolos estipulados por ley, destacando que no intentaba influir ni intervenir en las decisiones del Poder Judicial.