Otras víctimas de explotación laboral durante el colonialismo japonés han expesado su rechazo al plan del Gobierno surcoreano de indemnizarles con aportaciones de terceros. 

Tres personas más presentaron formalmente y por escrito esta postura ante la Fundación de Apoyo a las Víctimas de Explotación Laboral, al considerar inaceptable que unos terceros asuman la responsabilidad de cubrir las indemnizaciones, cuando no han recibido ni disculpa directa de Japón.

Asimismo, mostraron su indignación ante la intención del Gobierno de dejar las compensaciones como "depósito judicial" para obligar a las víctimas a cobrarlo si estas rechazan el plan oficial, pues de no retirar dicho importe, no podrán volver a reclamar una indemnización.

También enviaron una carta oficial en esa línea a Nippon Steel, una de las firmas niponas demandadas por movilizar forzosamente a trabajadores coreanos y explotarlos en sus centros industriales del periodo colonial y la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas dieron este paso para dejar constancia, por si tuvieran que emprender acciones legales posteriormente.

Concretamente, el Tribunal Supremo de Corea del Sur dictaminó en 2018 que Nippon Steel debía indemnizar con 100 millones de wones a cada demandante en concepto de explotación laboral.

Por tanto, no se descarta que las víctimas emprendan nuevas acciones legales contra el Gobierno surcoreano, ante la insistencia de Seúl de usar aportaciones de empresas surcoreanas para cubrir la indemnización. De hecho, las víctimas afirman que podrían enfrentarse al Ejecutivo en los tribunales para dirimir si no es parte interesada en el tema de las indemnizaciones por explotación laboral. 

Expertos en relaciones Corea-Japón afirman que, a estas alturas, lo más urgente es una conducta responsable de parte de Tokio y de las empresas japonesas implicadas, pues sin acciones concretas por su parte la polémica no remitirá.