La Justicia surcoreana ha decidido aplicar las leyes nacionales para indemnizar a las víctimas de movilización forzada y explotación de obreros cometidas por empresas japonesas durante el colonialismo. 

En 2018, el Tribunal Supremo surcoreano dictaminó a favor de un grupo de demandantes, que alegaron haber sido explotados por firmas niponas en el pasado y exigían una reparación de los daños sufridos, condenando a los demandados a ofrecer una indemnización. Sin embargo, esas empresas se negaron siquiera a recibir la notificación judicial, y en 2019 los demandantes presentaron una petición de incautación y venta de los activos de una de esas firmas, concretamente, acciones de una compañía conjunta fundada en Corea del Sur. 

El Tribunal Supremo envió las notificaciones por la vía legal prevista -a través del Ministerio de Exteriores japonés- en dos ocasiones, pero la primera vez fueron devueltas y la segunda desparecieron, sin saber si llegaron a manos de sus destinatarios. 

Así las cosas, la Justicia surcoreana emitió esta semana un aviso de retención de documentos, recurso usado al desconocer el paradero del destinatario de unos documentos procesales, para notificarle que el tribunal los conservará por un determinado plazo. En caso de expirar el plazo, si el destinatario no los retira, se dan por recibidos.

Eso implica que si la empresa nipona ignora por segunda vez el aviso, para eludir su responsabilidad de indemnizar a las víctimas, la Justicia de Corea del Sur procederá a la incautación y venta de activos.