Ante la pasividad del Gobierno japonés, que sigue ignorando el dictamen emitido por un tribunal surcoreano en enero sobre una demanda por daños y perjuicios interpuesta por doce víctimas de la esclavitud sexual o sus familiares, las demandantes han iniciado los trámites de incautación y venta de los bienes que el Estado de Japón posee en Corea del sur. 

En concreto, y como primer paso, presentaron ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl una solicitud para conocer las propiedades japonesas en el país, petición que el tribunal aceptó, al tiempo de urgir al Gobierno de Japón a declarar sus bienes en Corea.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl actuó así considerando que velar por las relaciones bilaterales con Japón corresponde al Ejecutivo, a cargo de la política exterior, mientras que la Justicia está a cargo de las decisiones estrictamente jurídicas. 

El fallo arroja una crítica indirecta a un reciente dictamen desestimando una demanda de indemnización, que podría considerarse similar, presentada contra varias empresas niponas por diversas víctimas de explotación laboral durante el colonialismo, basado en el rechazo en abogar por el bien de las relaciones diplomáticas entre Corea y Japón. 

Ese dictamen previo también desentona con anteriores alegaciones del Tribunal Supremo que afirman que el pacto intergubernamental firmado entre Seúl y Tokio en 1965 no elimina el derecho particular a reclamar indemnizaciones.

Finalmente, explica que el concepto de inmunidad soberana no puede aplicarse sin más en asuntos relacionados con las víctimas de esclavitud sexual.