La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea del Sur ha urgido al Ejecutivo a seguir las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre la ley antidiscriminación, actualmente bajo debate, y la pena de muerte. El Gobierno surcoreano tiene plazo hasta junio para notificar a la ONU su postura al respecto.

Las recomendaciones en cuestión son las que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas trasladó al Gobierno de Corea del Sur para su cumplimiento durante 2023, tras la valoración que realiza cada cuatro años y seis meses.

Principalmente versan sobre promulgar una ley antidiscriminación, la posible abolicón de la pena capital, mejorar el acceso de las personas discapacitadas al transporte público y también los trámites de solicitud de refugio. Respecto a lo último, la ONU urgió al Gobierno de Corea del Sur a mejorar el sistema de valoración de refugiados, recordando los hechos surgidos entre 2014 y 2018, cuando falsificaron los informes de las entrevistas de unos 50 solicitantes de refugio procedentes de países árabes, a quienes finalmente denegaron la entrada a territorio surcoreano. 

Las recomendaciones de la ONU tras su examen regular no tienen poder vinculante, pero su cumplimiento sirve como barómetro para sondear la situación de los derechos humanos en cada país. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una declaración en nombre de su presidente, Song Doo Hwan, exhortando al Gobierno de Corea del Sur a considerar el llamado de la comunidad internacional, además de las opiniones de la comisión y de la sociedad civil sobre la defensa de los derechos humanos.

El Gobierno surcoreano tiene de plazo para notificar su aceptación o rechazo a Naciones Unidas hasta la 53ª reunión del Consejo de Derechos Humanos, prevista para el próximo mes de junio.