En la feroz rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, los chips son unos de los bienes que genera mayor controversia.

La inminente entrada en vigor la Ley de Chips en Estados Unidos inquieta a las empresas surcoreanas con bases productivas o que exportan semiconductores a ambas superpotencias, al no poder renunciar a ninguno de esos mercados.

La Ley de Chips, firmada en 2022 por el presidente Joe Biden, contempla un paquete de ayudas y deducciones tributarias de hasta 280 millones de dólares para cubrir un 25% de las inversiones en equipamiento y maquinaria de empresas de semiconductores. 

Anticipándose a la llegada de esa ley el gigante tecnológico surcoreano Samsung Electrónica, anunció la creación de diez fábricas de semiconductores en Estados Unidos, que se sumarían a la que ya tiene en Texas, mientras que SK Hynix planea invertir 19 billones de wones en Estados Unidos. 

Pero aunque las empresas surcoreanas se esfuerzan por no quedar al margen del programa de incentivos de Washington en el sector de chips, la nueva ley incluye una cláusula que bloquea por diez años posibles nuevas inversiones de empresas subvencionadas en países designados como "motivo de preocupación" por el Gobierno estadounidense. En el caso de Samsung y SK Hynix, parte considerable de su actividad productiva tiene lugar en China.

Al estimar que durante febrero Washington definirá los detalles de aplicación de dicha ley, el Gobierno surcoreano intenta negociar excepciones y periodos de gracia para las empresas surcoreanas. 

Mientras, las firmas surcoreanas de semiconductores aseguran que no sufrirán pérdidas inmediatas, pero no les conviene renunciar al mecado chino, pues supone casi el 30% de sus ventas.

Por el momento, la estrategia que consideran más viable es no ampliar la variedad de chips fabricados en China, y centrar la producción de semiconductores de alta gama en Corea del Sur o Estados Unidos.