El Tribunal Constitucional explicó el viernes 27 que no revisará el controvertido acuerdo del Gobierno surcoreano con el de Japón en 2015 sobre la esclavitud sexual de mujeres coreanas durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras casi cuatro años de deliberaciones, el tribunal responde así a una denuncia interpuesta en 2016 por 29 víctimas de esclavitud sexual y 12 familiares de las ya fallecidas, al considerar que "es un acuerdo político y por tanto su valoración compete al ámbito de la política".

En diciembre de 2015, la administración de la ex presidenta Park Geun Hye llegó a un acuerdo con Japón para resolver "de modo final e irreversible" el problema de las víctimas coreanas obligadas a servir como esclavas sexuales para las tropas japonesas durante la guerra.

El acuerdo fijaba el establecimiento de una fundación para apoyar a las supervivientes, mediante la aportación de 1.000 millones de yenes.

Los demandantes argumentaron que el acuerdo violaba los derechos básicos de las víctimas, que deseaban que Japón asumiera la responsabilidad legal de las atrocidades.

Por su parte y tras analizar el acuerdo, el Ministerio de Exteriores consideró que no era un tratado entre estados y por tanto su revisión no era competencia del Tribunal Constitucional. En consecuencia, el Ejecutivo solicitó al tribunal que rechazara la demanda.

El gobierno liberal de Moon Jae In calificó el acuerdo de "gravemente defectuoso" y disolvió la fundación en julio, movimiento que generó protestas por parte de Tokio, al considerarlo como un incumplimiento del pacto.

Por tanto, se espera que la renuncia del tribunal tenga un impacto significativo en los lazos diplomáticos entre ambos países.

Pese a todo, la tensión continúa desde que el Tribunal Supremo surcoreano dictaminara en 2018 que las empresas japonesas debían indemnizar a los coreanos que fueron explotados laboralmente por Japón y las restricciones a la exportación que Tokio adoptó contra Seúl como represalia.
La cartera dijo que respeta la determinación de la Corte de rechazar la denuncia interpuesta para revisar el acuerdo entre Corea y Japón en 2015.