El Gobierno de Corea del Sur baraja en estos momentos adoptar fuertes medidas contra el segundo lanzamiento de un misil intercontinental norcoreano del 28 de julio, en sintonía con otras que ya tomó innmediatamente después de ese ensayo balístico, tales como decidir la instalación provisional de cuatro lanzaderas adicionales del sistema antimisiles THAAD e iniciar las conversaciones con Estados Unidos para reformar las directrices sobre posesión y desarrollo de misiles. Aquí cabe resaltar la iniciativa de Seúl y Washington para enmendar de nuevo las directrices sobre misiles, revisadas previamente en 2012, para elevar el límite máximo tanto para el alcance de los misiles, como para el peso de las ojivas. Actualmente, conforme a dicho marco regulatorio, Corea del Sur puede instalar ojivas de menos de 500 kilogramos en misiles con 800 kilómetros de alcance y de 1 y 2 toneladas en proyectiles con 500 y 300 kilómetros de alcance respectivamente. Dicho esto, la reforma pretende flexibilizar las directrices para que Corea del Sur pueda equipar sus misiles de máximo alcance -es decir de 800 kilómetros- con cabezas de 1 tonelada o hasta de 2.
Es importante tener en cuenta que los misiles con ojivas de 500 kilogramos poseen la potencia suficiente para destruir la pista de despegue y aterrizaje de un aeródromo. Sin embargo, si el peso aumenta a más de 1 tonelada, el impacto del misil pueden llegar hasta a unos 10 o 20 metros bajo tierra. Esto quiere decir que podrán ser usadas para destruir las instalaciones de comando militar para tiempos de guerra, que vulgarmente son referidas como “los búnkers de Kim Jong Un” y que se ubican justamente a una profundidad de entre 10 y 20 metros de la superficie terrestre. De ahí el enorme efecto que podrían tener para disuadir militarmente a Corea del Norte.
De igual forma llama la atención la orden que dio el presidente Moon Jae In de estudiar el establecimiento de sanciones propias de Seúl contra el régimen de Pyongyang. Sanciones que en realidad no tendrían un efecto visible, ya que no existen casi instituciones o autoridades norcoreanas que necesiten realizar transacciones con entidades financieras surcoreanas, ni muchos menos que tengan activos en este país, pero sí posee un significado simbólico, máxime porque de aprobarse, vendrían tras las reiteradas propuestas de diálogo intercoreano del actual Gobierno de Corea del Sur y tras las también reiteradas negativas expresadas por el Norte durante las últimas semanas.