El Gobierno de Corea del Sur amplió las sanciones independientes contra Corea del Norte en respuesta al último lanzamiento de un misil intercontinental por parte de ese país, incluyendo adicionalmente 20 entidades y 12 particulares norcoreanos en su lista negra. Explicó que esta disposición obedece a su firme postura de actuar con mano dura contra las amenazas y bloquear las actividades financieras destinadas a financiar el desarrollo de armas de destrucción masiva y de misiles balísticos.
Así, la lista de organizaciones y particulares norcoreanos bajo sanciones independientes de la administración de Seúl se alargó por segunda vez en un poco más de un mes, después de que apenas el pasado 6 de noviembre los nombres de otros 18 norcoreanos de diversas instituciones financieras fueran agregados a esa “lista negra”. En esta oportunidad, entre las organizaciones afectadas figuran entidades financieras como el Banco Comercial Internacional Rason, instituciones como el Centro de Computación de Corea -especializado en políticas tecnológicas y formación de profesionales en tecnología informática-, empresas comerciales como el Grupo Industrial Korea Zink, y navieras como Korea Rungrado Shipping Company. Todos -al igual que los particulares inscritos en la lista negra- intervinieron, o bien en la obtención de fondos para el programa norcoreano de desarrollo de armas de destrucción masiva, o bien en el comercio de productos cuyo intercambio prohiben las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo, son en su totalidad entidades y personalidades que también están incluídas en la lista de sanciones independientes de Estados Unidos, lo cual implica que la decisión del Gobierno surcoreano de ampliar su propia lista negra no está desligada de la cooperación con Washington, ni tampoco del ambiente a nivel internacional, donde la ONU impulsa una campaña para acorralar al régimen de Pyongyang, bajo el liderazgo de Estados Unidos.
Dicho esto, las sanciones independientes de Corea del Sur son más bien simbólicas, pues su efecto real es nulo. Las sanciones independientes, lo que hacen es congelar los activos que las entidades o los particulares bajo tales medidas restrictivas pudieran tener en Corea del Sur, además de prohibir todo trato con ellos. Y si una empresa o un ciudadano surcoreano es descubierto negociando con norcoreanos, será sancionado con una pena máxima de tres años de prisión o una multa máxima de 300 millones de wones. Sin embargo, lo cierto es que las organizaciones y las personalidades norcoreanas bajo sanción tienen cero activos en Corea del Sur, ni tampoco realizan operaciones financieras o comerciales con surcoreanos; además de que los intercambios intercoreanos están de momento interrumpidos por las medidas del 24 de mayo -establecidas en 2010 tras el hundimiento de la corbeta Cheonan- y la clausura del Complejo Industrial de Gaesong.