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Suwon, Goyang, Yongin y Changwon, ciudades con más de un millón de habitantes, gozarán de un nuevo estatus en la organización territorial de Corea del Sur, recibiendo la denominación de “ciudades metropolitanas especiales”. Esto implica que aunque seguirán siendo municipios, gozarán de mayores facultades y libertades administrativas, similares a las de las Ciudades Metropolitanas.

El cambio llega con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Autonomías Regionales, aprobada en la Asamblea Nacional en 2020, la primera que se realiza en 32 años desde la promulgación de dicha ley. Una enmienda que principalmente amplía la participación ciudadana, así como la potestad y responsabilidad de las asambleas regionales, además de establecer medidas específicas para mejorar la gestión de los gobiernos municipales y provinciales.

En lo que refiere a las nuevas “ciudades metropolitanas especiales”, el cambio que sus habitantes percibirán más será el aumento de las prestaciones sociales, pues aumentarán las deducciones tributarias y disminuirá el nivel de gravamen por renta de los contribuyentes, en general. En otras palabras, más personas u hogares se beneficiarán de las subvenciones públicas como educación. 

Los gobiernos de esas ciudades también podrán emitir por cuenta propia, sin el visto bueno de administraciones superiores como las provinciales, permisos para construir o gestionar parques industriales. 

La reforma sintoniza en gran medida con la orden ejecutiva que el Ministerio del Interior decretó a fines de 2021 sobre la distribución de competencias autonómicas, tras un debate con la Ciudad Especial de Seúl y las demás Ciudades Metropolitanas. Entre otras facultades, confiere a las nuevas “ciudades metropolitanas especiales”  las de fomentar las industrias locales, desarrollar y operar tanto parques industriales como complejos logísticos, promover las pymes regionales, designar unidades médicas de emergencia para servicios comunitarios, gestionar el transporte urbano, manejar las finanzas regionales y administrar entidades educativas.

El objetivo de la reforma es aumentar el nivel de descentralización en el país y por el momento genera perspectivas bastante promisorias, aunque los más cautelosos prefieren no precipitarse ni hacer pronósticos de color de rosa, al no descartar futuros conflictos entre los gobiernos regionales, descontentos con los privilegios previamente concedidos a las “ciudades metropolitanas especiales”.