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Se anticipan significativos cambios en el procedimiento penal de Corea del Sur, dada la reforma del Código Procesal Penal que considera necesaria el Tribunal Supremo, a fin de permitir a los jueces no solo aprobar o desestimar peticiones de detención, sino también de dictar libertad condicional sobre los imputados. El debate está en marcha desde marzo y, si el Tribunal Supremo se muestra a favor de dicho cambio, inmediatamente comenzarán los trámites para reformar el Código Procesal Penal.

Las leyes actuales incluyen cláusulas sobre la libertad condicional para los imputados, pero solo para los ya están detenidos en prisión preventiva, en caso de mediar autorización judicial y bajo fianza. En otras palabras, cuando los fiscales solicitan una orden de deteción, el tribunal determina si aprobarla o desestimarla sin más opciones, lo que implica que, cuando las pruebas son poco claras, la situación del imputado es compleja o se contempla posibilidad de fuga, el juez se ve forzado a dictar prisión preventiva. Por eso en Corea, las peticiones de detención de la Fiscalía son generalmente aceptadas por el tribunal, sistema que ha sido criticado durante mucho tiempo al considerar que vulnera la presunción de inocencia o el principio de investigación sin detención.

De llevarse a cabo la reforma, los jueces tendrán una tercera opción: aprobar la detención, pero simultáneamente dictar libertad condicional, evitando que el imputado no sea privado de libertad nada más emitirse la orden.

La propuesta, por ahora, cuenta con el apoyo de la mayoría de los jueces y también de los abogados, pues un 82% de los primeros y un 94% de los segundos se han mostrado a favor. En cambio, los fiscales son reacios a la reforma, pues afirman que a la larga tal sistema favorecerá a los poderosos y a los más acaudalados, pues podrán “comprar con dinero” su libertad condicional, aún antes de entrar en prisión preventiva. Además, alegan que las investigaciones fiscales podrían verse afectadas al aumentar en demasía las facultades de los jueces.