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Ante el descontento de los agricultores por la abrupta caída del precio del arroz, el Gobierno ha decidido comprar 450.000 toneladas de arroz, para así retirar esa cantidad del mercado y frenar el abaratamiento de dicho cereal.

La medida fue anunciada esta semana por el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales con el objetivo de estabilizar el precio del arroz, considerando que aún después de noviembre quedarán aproximadamente 100.000 toneladas de existencias como remanente de 2021, y que los excedentes de la producción de este año alcanzarán casi 250.000 toneladas. Las autoridades intentan agilizar la intervención en el mercado agrícola para generar un efecto inmediato, pues según sus planes, la compra gubernamental de arroz incluso superará la suma de las existencias del año pasado y el excedente de este año, hasta un total de 450.000 toneladas.

Es la primera vez que el Gobierno compra arroz en temporada de cosecha en cinco años, y la segunda vez desde 2009 que adquiere simultáneamente el remanente del año anterior y el excedente del año en curso.

Además, a dicho volumen se sumarán otras 450.000 toneladas que el Gobierno sacará del mercado para aumentar la reserva estatal de arroz, con lo que el volumen total llegará a 900.000 toneladas, equivalentes a un 23,3% de la producción prevista para 2022 y el mayor desde 2005, año en que Corea del Sur implementó el sistema de reservas estatales de bienes agrícolas.

Según datos del Ministerio de Agricultura, el precio al productor del arroz lleva a la baja desde octubre de 2021. El 15 de septiembre el precio de un saco de veinte kilos era un 25% inferior que hace un año, la caída más pronunciada en décadas.

En este contexto, destaca la enmienda a la Ley de gestión de cereales a debate en la Asamblea General, tema por el que oficialismo y oposición protagonizan un fuerte desencuentro. Lo que propone el principal opositor The Minjoo es una reforma con cláusulas obligatorias que impongan al Gobierno la compra del excedente de arroz si este supera el 3% de la producción o si el precio baja más de un 5% respecto al año anterior. Si bien la normativa actual incluye cláusulas similares, todas son provisionales y la intención de la oposición es hacer que sean permanentes. En cambio, el oficialista Poder del Pueblo rechaza dicha propuesta por miedo a las consecuencias negativas que pueda traer. En particular, le inquieta la posibilidad de que, tras la reforma, dicha medida se convierta en un mecanismo permanente para adquirir la sobreproducción y la oferta excesiva de arroz, que muchas veces deriva de la cantidad que el país debe importar en base a los convenios de la Organización Mundial del Comercio. Se trata de las mismas condiciones señaladas como principal motivo del abaratamiento del arroz en Corea, pese a que el precio de los granos se ha disparado a nivel mundial.