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El Gobierno y el partido oficialista decidieron reforzar las sanciones contra el acoso -acecho o stalking- para que no se repitan casos similares al reciente asesinato de una joven a manos de un hombre que llevaba dos años acosándola, pero ni fue detenido ni amonestado por la Policía o por la Justicia pese a que la víctima interpuso varias denuncias. Se prevé que la reforma obtendrá sin mucha dificultad el visto bueno en el Parlamento, al haber un consenso mayoritario entre los partidos y la sociedad surcoreana en general sobre la necesidad de endurecer las leyes contra ese tipo de agresiones. 

En primer lugar, suprimirán la cláusula de “no sanción en contra de la voluntad del agredido”, que impide perseguir y sancionar este tipo de delitos si la víctima no interpone denuncia o se retira del proceso judicial. Dicho de otro modo, será posible perseguir el acoso de oficio y evitar que el perdón del ofendido cierre la vía penal. Dicha cláusula ha sido objeto de crítica durante mucho tiempo, y hasta la fecha ha dejado a muchos acosadores impunes, dándoles incluso rienda suelta para volver a cometer el mismo delito, incluso contra la misma persona. Y hasta en el peor de los casos perpetrar delitos más graves, como violación u homicidio. 

Además, incluirán el acoso cibernético como conducta punible en las leyes, y los acosadores en la lista de delincuentes serán sometidos a vigilancia con dispositivos digitales, como tobilleras electrónicas.

La actual Ley contra el acoso entró en vigor en octubre de 2021, y dispone que si una persona acosa a otra puede ser sancionada con hasta tres años de prisión o con una multa de hasta treinta millones de wones. Y si usó algún arma u objeto peligroso para amenazar a la víctima, la pena puede aumentar hasta cinco años de prisión o cincuenta millones de wones de multa. Además, incluye medidas urgentes y diligencias provisionales para evitar reincidencias y proteger a la víctima. Por ejemplo, se consideran “medidas urgentes” la prohibición de acercamiento, que obliga al acosador a mantener una distancia de al menos cien metros con la víctima, y la vigilancia por medio de sistemas de comunicación electrónica, mientras que las “diligencias provisionales” incluyen advertencias escritas emitidas por las autoridades judiciales y un mes de detención. Según datos actualizados, durante los nueve meses posteriores a la entrada en vigor de la ley anti-stalking, fueron sancionados más de 5.400 casos.