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El comité especial de investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon inició sus tareas el día 21, aparcando los fuertes desacuerdos entre oficialismo y oposición que estancaran su operativa y consumieron gran parte del plazo fijado para sus actividades.

En esa misma fecha los comisionados acudieron a la estación policial de Itaewon, a la sede de la Policía Metropolitana de Seúl y al Ayuntamiento capitalino, varias de las entidades objeto de investigación, en su mayoría jefaturas policiales y oficinas administrativas de Seúl y Yongsan, distrito donde se ubica el barrio escenario del siniestro. Pero también investigarán otras entidades, como la Sala de Control Nacional o el Centro de Gestión de Crisis de Presidencia, así como la Oficina del Primer Ministro, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Bomberos y la Oficina del Fiscal General.

La tragedia de Itaewon ocurrió la noche del 29 de octubre. En la zona se concentró una gran aglomeración de gente por Halloween y cientos de personas sufrieron una avalancha en un estrecho callejón. Eso generó un aplastamiento masivo, y muchos empezaron a sentir sofoco y serias dificultades para respirar. El incidente se cobró la vida de 158 personas -132 surcoreanos y 26 extranjeros-. Lo peor es que declaraciones de testigos y supervivientes revelaron a posteriori que la situación pudo haberse evitado al tomar medidas oportunas, o que al menos hubiera habido menos muertes. 

La Policía activó una investigación, pero al surgir acusaciones contra las autoridades policiales por negligencia, la oposición exigió una investigación parlamentaria. La Asamblea creó un comité especial a tal efecto, pero estuvo inactivo por semanas al chocar las posturas de los partidos, y que finalmente, por fin comenzó esta semana sus actividades. Los legisladores del oficialista Poder del Pueblo declararon que aunque estaban en contra de esa investigación parlamentaria, finalmente decidieron participar para impedir que la oposición politizara el tema, además de garantizar la transparencia y objetividad de los procedimientos. 

Como tareas inmediatas, el comité especial solicitará informes de las entidades implicadas y convocará tres audiencias públicas.