La Ley de Sanciones por Accidentes Graves entró finalmente en vigor, un año después de ser promulgada en enero de 2021.

Por el momento, la norma afecta a las empresas con hasta cincuenta trabajadores fijos o a construcciones con un presupuesto de más de 5.000 millones de wones. 

A diferencia de otras normas relacionadas aprobadas hasta la fecha, la nueva ley apunta al responsable máximo en caso de desastres o accidentes graves. Por "responsable máximo" alude al CEO de una empresa, a ministros del Ejecutivo o a los responsables de un gobierno regional. 

Básicamente, la ley incluye dos normas esenciales en materia de seguridad e higiene para prevenir accidentes fatales: inspeccionar las obras en marcha y analizar precedentes de riesgo para prevenir y reducir posibles accidentes. Su incumplimiento o cumplimiento insuficiente, puede conllevar una sanción directa por negligencia de los máximos responsables.

Si alguien muere en accidente laboral, la ley establece una sanción mínima de un año de prisión o una multa hasta 1.000 millones de wones que se fijará según las leyes penales vigentes. Cabe destacar que en el caso de la pena privativa de libertad, la ley contempla una pena mínima, no máxima, pero en caso de confirmar que hubo dolo o falta grave, la indemnización deberá quintuplicar el valor del daño ocasionado. 

Las mayores fricciones a su aplicación provienen del sector de la construcción, pues la mitad de las muertes anuales por accidente laboral en Corea provienen de dicho sector.