El Tribunal Supremo concluyó el viernes 20 que los funcionarios públicos que filtraron información de positivos durante la pandemia no pueden ser acusados ​​de divulgar secretos oficiales.

La Corte Suprema considera que la filtración de esos datos no supone una grave amenaza para el Estado y no puede considerarse como filtración de secretos oficiales. 

Su dictamen confirma las sentencias en primera y segunda instancia que descartaban imputar a estos funcionarios por revelar secretos oficiales.

En enero de 2020, varios funcionarios fueron demandados por compartir con familiares datos personales de positivos, como nombre, edad o domicilio, entre otros.