El martes 17 la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, la institución de mayor rango legislador según la Constitución del país, comenzó un nuevo periodo de sesiones ordinarias.

Durante este periodo la cámara debatirá los objetivos nacionales fijados el pasado mes de diciembre por el Pleno del Partido de los Trabajadores, y asignará el presupuesto necesario.

En el orden del día y como temas prioritarios figuran la revisión de las tareas del gabinete, los proyectos a promover en 2023, los presupuestos generales del Estado y la adopción de la Ley de Preservación del Dialecto de Pyongyang, además de otras reformas organizativas o la revisión del esquema de la Procuraduría Central, equivalente a la Fiscalía General de Corea del Sur. 

Respecto a la Procuraduría Central, resulta inusual que la Asamblea Popular Suprema revise su organigrama, gesto que refleja la voluntad de Kim Jong Un de reforzar el control interno pues la crisis económica podría aumentar la inestabilidad social.

Esta medida encaja con la 'Ley contra Ideologías y Culturas Rebeldes' àprobada en 2020, o con los debates de una norma para reprimir el uso de dialectos o neologismos extranjeros - incluidos Corea del Sur-, conocida como 'Ley de Preservacion del Dialecto de Pyongyang'.