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Tres años después, Corea del Sur ha vuelto a incluir su nombre como promotor en una resolución de Naciones Unidas sobre derechos humanos norcoreanos, en una versión actualizada presentada ante la Tercera Comisión de la septuagésimo séptima Asamblea General de la ONU.

Desde 2005, la ONU adopta anualmente resoluciones sobre derechos humanos en Corea del Norte. El Gobierno surcoreano fue co-patrocinador entre 2008 y 2018, sin embargo desde 2019 se mantuvo al margen aunque expresó su apoyo, considerando que su decisión podría influir negativamente en las delicadas relaciones intercoreanas. 

Dicho esto, la actual administración de Seúl argumenta su decisión de volver a figurar entre los países promotores de la resolución por su necesidad de mostrar una postura constante y alineada con la comunidad internacional sobre los derechos humanos norcoreanos, al considerarlo un tema vinculado al valor universal de los derechos fundamentales de las personas. 

En realidad esta decisión ya se anticipaba, considerando la actitud del Gobierno de Yoon Suk Yeol hacia Corea del Norte, más dura y menos transigente que la de su predecesor. De hecho, desde sus inicios, abogó por reforzar a nivel internacional un debate abierto sobre los derechos humanos norcoreanos, al tiempo de anticipar que participaría oficialmente en la propuesta conjunta de la resolución al respecto en la ONU. Y las palabras se tradujeron en hechos, pues este año Corea del Sur no solo figura como promotor, sino que también colaboró activamente en la redacción del texto de la resolución.

Por ahora no hay detalles del contenido de la versión de 2022, aunque según el Ministerio de Exteriores surcoreano no varía mucho de las resoluciones de años anteriores. Para hacerse una idea, cabe recordar la resolución de 2021, que condenaba las vulneraciones de derechos humanos cometidas en Corea del Norte de forma amplia y sistemática, al tiempo de denunciar los campos de concentración para presos políticos que gestiona Pyongyang, las desapariciones, la privación de la libertad de movimientos, los tratos inhumanos a desertores repatriados, la falta de libertad de religión, expresión y reunión, y el retroceso de los derechos culturales, económicos y sociales de los norcoreanos ante la pandemia.