El equipo de fiscales, que actualmente investiga el caso de una presunta repatriación forzosa de dos pescadores norcoreanos durante el Gobierno de Moon Jae In, afirmó que estos desertores -quienes habían cometido un asesinato antes de desertar- habrían sido sometidos a un juicio penal en Seúl si no hubieran sido repatriados.

Explicó que no hubiera habido problema legal alguno para imponerles debidamente un castigo penal por el delito cometido en el proceso de deserción, considerando que estos dos norcoreanos habían confesado el homicidio, además de que era posible la investigación del barco donde supuestamente se realizó el delito.

Asimismo, refutó la afirmación de que el gobierno anterior repatrió a los norcoreanos porque no podían ser juzgados en Corea del Sur, al subrayar que incluso anteriormente han habido casos similares, en los que desertores norcoreanos fueron judicializados en Seúl por delitos cometidos en el extranjero antes de desertar.

Los fiscales también recalcaron que conforme a la Ley de Control de Inmigración, el Estado no puede expulsar forzosamente a los norcoreanos que expresan su disposición a desertar.

Los comentarios se produjeron durante una sesión informativa regular a puerta cerrada de la Fiscalía, conocida como "tea time (hora de té)" que se reanudó por primera vez en dos años y ochos meses, después de que el exministro de Justicia Cho Kuk la suspendiera en noviembre de 2019, alegando que puede promover una confabulación entre los fiscales y la prensa.

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