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La Ley de Sanciones por Accidentes Graves entró en vigor el 27 de enero y a partir de ahora, los accidentes industriales de gravedad por incumplimiento de las normas de seguridad e higiene empresarial, se considerarán delito penal. 

Según la nueva normativa, si alguien muere en un accidente industrial la pena mínima será de un año de prisión o multa máxima de 1.000 millones de wones, mientras que las lesiones o enfermedades tendrán una sanción de hasta siete años de prisión o multas de hasta 100 millones de wones. El ámbito de aplicación incluye tanto al sector público, como al privado y al civil.

El establecimiento de una ley de estas características surge de la alta tasa de accidentes industriales en Corea y de la urgencia de tomar medidas específicas para promover la seguridad pública y de los trabajadores. De ahí su objetivo de erradicar o al menos cambiar las malas prácticas en la industria nacional, que a veces antepone el lucro de las empresas incluso por encima de la vida de las personas. Sin embargo, desde su aprobación ya hay críticas de todos los sectores. Por parte de los sindicatos, por el reducido alcance de la ley, pues en el proceso de debate parlamentario excluyó a las empresas con hasta cinco trabajadores, además de ofrecer un periodo de gracia en su aplicación en centros laborales con menos de cincuenta empleados. Pero por otro lado, tampoco satisface a la patronal o a las federaciones de empresarios: el sector corporativo exige su reforma al considerar que las restricciones y las sanciones de su articulado son excesivas.