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El vice primer ministro de Economía, Hong Nam Ki, destacó esta semana la necesidad de iniciar un debate social sobre aumentar la edad de jubilación, y concreto que ya trabajan en este tema diez equipos de una unidad del Ejecutivo para medidas sobre transformación demográfica. Así, el vice premier presentó fue la voluntad del Gobierno surcoreano de retrasar la edad de jubilación o al menos empezar a analizar esa posibilidad, que de traducirse en acciones concretas resultará en un aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años.

Tal y como puede verse en los comentarios que hizo Hong en un programa de televisión el día 2, al señalar que es hora de reflexionar sobre la edad de jubilación ante los cambios de la estructura demográfica del país, elevar dicha edad se considera una medida ineludible ante una realidad marcada por la baja natalidad, el rápido envejecimiento poblacional, el incremento en la esperanza de vida de las personas, la disminución de la población activa y el aumento de la tasa de dependencia.

Al respecto, cabe saber que Corea del Sur es uno de los países del mundo donde la población envejece a mayor velocidad, mientras que el problema más grave que afronta es la acelerada disminución de ciudadanos en edad laboral y el subsiguiente incremento del gasto socioeconómico para atender a la vejez. Un dato que llama la atención a estas alturas es la tasa de dependencia, que mide el ratio entre los jubilados y la población activa entre 15 y 64 años. Actualmente en Corea, esta tasa es de 20,4 sobre 100, lo que implica que cada 100 ciudadanos activos deben mantener social y económicamente a 20,4 personas de edad avanzada. Sin embargo, los pronósticos más inquietantes vaticinan que esa cifra aumentará hasta 117,8 sobre 100 para 2065, alcanzando el mayor nivel entre los estados-miembro de la OCDE. Ante tales previsiones, muchos analistas opinan que retrasar la edad de jubilación es la mejor solución para mitigar ese ritmo, pues si aumenta de los actuales 60 hasta los 65 años, también aumentará la población activa y la tasa de dependencia podría bajar inmediatamente hasta 13,1 mayores por cada 100 personas en edad laboral, y el pronóstico para 2065 sería de 83,3 sobre 100.

En este contexto, justifica el énfasis del Gobierno en la necesidad de abrir un debate social para aumentar la edad de jubilación, el fallo emitido por el Tribunal Supremo en febrero sobre una demanda de indemnización por daños y perjuicios. En dicha sentencia, corte consideró justo elevar de 60 a 65 años la edad máxima para trabajar, o el límite en que se estima que una persona podrá obtener ingresos a cambio de su actividad laboral.

En todo caso, retrasar la jubilación deberá plantearse como una alternativa, incluyendo el debate social al respecto los problemas que plantea, como un posible conflicto intergeneracional, pues aumentar la edad jubilatoria podría lastrar aún más el desempleo juvenil.