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Corea del Sur perdió por primera vez en una dispusta inversor-estado, en la que el Gobierno surcoreano era la parte demandada y la familia Dayyani de Irán, fundadora de la empresa singapurense D&A, la demandante. Todo comenzó con un contrato de adquisición y fusión empresarial impulsado en 2010, ¿verdad?
Así es. Dicho contrato estaba relacionado con la venta de la empresa Daewoo Electronics, en ese entonces uno de los tres mayores fabricantes de electrodomésticos de Corea del Sur, a D&A de los Dayyani. Al firmarse el contrato, esta compañía con sede en Singapur pagó 57.800 millones de wones como adelanto para garantizar la transacción. Sin embargo, la operación fue cancelada por la parte surcoreana, que evaluó como insuficiente la carta de compromiso enviada por los Dayyani y la desaprobó principalmente porque presentaba una inversión inferior a la cifra necesaria para la compra y administracion de Daewoo Electronics. La disputa surgió luego cuando la familia iraní exigió la devolución del adelanto pagado, petición que rechazó el grupo de acreedores de Daewoo directamente involucrado en el contrato y en el que se incluía la Corporación Coreana de Gestión de Activos o KAMCO, la agencia pública especializada en cobro de deudas de Corea.
¿Y por qué el grupo de acreedores de Daewoo rechazó hacer la devolución del adelanto pagado por los Dayyani después de cancelarse el contrato de adquisición de dicha empresa?
Se debe a que atribuyó la cancelación a la insuficiente carta de compromiso presentada por los Dayyani, alegando que la responsabilidad sobre la ruptura del contrato recaía sobre esa familia y la compañía que le pertenece, D&A. No obstante, la explicación del Gobierno surcoreano no les convenció y los Dayyani iniciaron una disputa inversor-estado, sobre la cual ya en 2015, en una primera instancia, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional falló a favor de los iraníes. En concreto, determinó que a través de KAMCO, el Gobierno de Corea del Sur abusó de sus potestades e incumplió el deber de un trato justo y equitativo que existen en los tratados pertinentes.
Pero, entonces a ese fallo el Gobierno surcoreano apeló, ¿no?
Efectivamente. Apeló al Tribunal de Londres de Arbitraje Internacional, considerado la más veterana de todas las instituciones arbitrales internacionales existentes, pidiendo la anulación de la disputa iniciada por los Dayyani. Para ello, afirmó que estrictamente esta disputa no es entre inversor y estado, ya que se trata de una familia y la empresa de la que es propietaria y el grupo de acreedores de Daewoo Electronics, en el que si bien está incluida la Corporación Coreana de Gestión de Activos de índole pública, esta empresa no es estatal. Asimismo alegó que como el contrato fue inicialmente concertado entre dicho grupo de acreedores y la firma singapurense D&A, la familia Dayyani no puede actuar como demandante. Sin embargo, el fallo del Tribunal de Londres de Arbitraje Internacional, para resolver el caso a favor de los Dayyani, hizo una interpretación bastante amplia de los conceptos de inversión e inversor, recogidos en el Acuerdo de Garantías de Inversiones suscrito entre Corea del Sur e Irán.
Y por último, la decisión definitva que confirmó la victoria de los Dayyani en esta disputa es el dictamen del Centro Internacional de Resolución de Diferencias sobre Inversiones, ¿no es así?
Es correcto. Este dictamen revalida el primer fallo según el cual Corea del Sur debe devolver el adelanto entregado por el inversor más intereses, suma que llega a un total de 73.000 millones de wones.
