Según afirman, el Gobierno de Tokio elaboró en la década de 1960 un documento que estipulaba la dificultad de insistir en la soberanía sobre las islas Dokdo mediante un pleito ante la Corte Internacional de Justicia.

Un informe redactado por la Cancillería nipona en julio de 1962, sobre los problemas legales de las negociaciones entre Corea y Japón, refleja que el Gobierno nipón interpuso un contencioso para obtener la jurisdicción sobre Dokdo ante la CIJ el 15 de septiembre de 1958, pero tal reclamación solo es aplicable al país que haya presentado el recurso, si otro también reclama.

Explicó que Corea, como miembro de la CIJ, pospuso entrar en el contencioso, por lo que sin su aceptación era imposible tratar esta disputa territorial en el escenario judicial internacional.

En dicho documento, la Cancillería nipona agregó que aunque su Gobierno presentara una declaración reclamando su jurisdicción por vía contenciosa, tampoco sería posible abordar este tema en la CIJ, ya que, según las normas aplicables al caso, todo conflicto o situación que surja tras la fecha de la declaración de Tokio, deberá reconocer la jurisdicción contenciosa interpuesta previamente; por lo que resultaba complejo dirimir esta cuestión en torno a Dokdo.

Dicho informe fue clasificado como 'confidencial' cuando fue elaborado, pero vio la luz en marzo del año pasado, en respeto al dictamen de la justicia japonesa que ordenaba revelar la mayoría de los documentos diplomáticos formulados entre 1951 y 1965, durante el proceso de normalización de las relaciones entre Seúl y Tokio.