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El Consejo de Ministros aprobó y puso marcha esta semana la Orden ejecutiva de la Ley Básica de Neutralidad de Carbono y Crecimiento Verde contra el Cambio Climático, que incluye las directrices a seguir para elevar hasta un 40% el objetivo nacional sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y para establecer un plan marco para lograr la neutralidad de carbono.

Dicha ley, también referida como “Ley de Descarbonización”, fue promulgada el 24 de septiembre de 2021 como marco institucional para reducir el uso del carbón hasta llegar a huella de carbono cero en 2050. Desde entonces, el Gobierno y las agencias públicas relacionadas han trabajado para completar ese marco con normas secundarias y directrices ejecutivas, y el resultado de esa labor es la orden aprobada esta semana, que convierte a Corea del Sur en la decimocuarta nación del mundo en institucionalizar y respaldar normativamente su perspectiva ecológica y su apuesta por la descarbonización. 

Cabe destacar que esa orden ejecutiva también consolida las bases para activar un sistema de colaboración más amplio, en el que participan no solo el Gobierno central y diversos expertos, sino gobiernos regionales, el sector privado y los propios ciudadanos. Además, instaura un nuevo marco para reflejar el compromiso por la neutralidad de carbono al trazar programas relacionados, como la evaluación anticipada del impacto del cambio climático o el análisis de la correlación entre los presupuestos del Estado y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La primera empezará a realizarse gradualmente desde septiembre de 2022 para evaluar de antemano el impacto que podría tener en el clima obras o en planes públicos considerados poco compatibles con el objetivo de reducir la polución. En tanto, los análisis para saber en qué medida influyó la ejecución de los presupuestos nacionales en las tareas para reducir las emisiones de gases contaminantes o viceversa, se harán a partir del ejercicio contable de 2023.

Otro punto a resaltar son los principios para una “transición justa”, que guían el establecimiento de medidas de protección para las clases sociales o sectores que puedan resultar perjudicados en el proceso de descarbonización. Estas medidas son indispensables, ante la elevada dependencia de la economía surcoreana de la manufacturera, y la dificultad que supone lograr la neutralidad de carbono en una estructura industrial como la surcoreana.

Finalmente y conforme a la orden ejecutiva, el Gobierno establece el plazo de un año para fijar un plan nacional de neutralidad de carbono para los próximos veinte años, que a su vez deberá servir como referencia a gobiernos regionales y locales para establecer los suyos propios, aunque para un periodo más corto: diez años.

Todas estas directrices obedecen a la declaración que hizo Corea del Sur en octubre de 2021 de lograr huella de carbono cero hacia el año 2050 y el objetivo que anunció posteriormente, comprometiéndose a aumentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) para reducir las emisiones hasta un 40% hacia el año 2030.