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El Ministerio de Educación de Japón aprobó el 29 de marzo, unos textos escolares de bachillerato donde niega los hechos del pasado y presenta alegaciones unilaterales sobre asuntos territoriales, reflejando una percepción distorsionada de la historia. El punto que más inquieta es que ha borrado la expresión “movilización forzosa” al hablar de los coreanos que fueron obligados a servir como obreros en centros industriales japoneses, o de las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente por el Ejército japonés durante el colonialismo. Además, refuerza sus alegatos sobre que Corea ocupa ilegalmente las islas Dokdo. 

Los textos aprobados esta semana por Tokio son 239 en total, y a partir de 2023 serán los que usen los estudiantes de bachillerato. El cambio más notorio es la sustitución del término “movilización forzosa” por “reclutamiento”, algo que, según diversas fuentes, fue añadido por las editoriales tras señalar las autoridades que la primera expresión no reflejaba el criterio unificado del Gobierno japonés. Así, actualmente es casi nulo el porcentaje de libros que describen la penosa situación que sufrieron las llamadas “mujeres de consuelo” como algo impuesto y forzado, con intervención del Ejército.

Las autoridades educativas de Tokio han actuado en contra de los principios que ellos mismos establecieron, de evaluar y aprobar los textos escolares de la manera más objetiva. Al bloquear la diversidad de posturas y limitar la autonomía de las editoriales, prácticamente las obliga a publicar su versión. Concretamente, impusieron el ya mencionado “criterio unificado del Gobierno”, que el gabinete de Japón ratificó el 27 de abril de 2021, fijando como directriz para la redacción de textos escolares usar el término “reclutamiento” y el eufemismo “mujer de consuelo”, en vez de expresiones que considera inapropiadas, como “movilización forzosa” o “mujeres al servicio sexual del Ejército”.

Además, esa versión contradice documentos oficiales publicados por el propio Gobierno japonés, como el Discurso de Kono del 4 de Agosto de 1993, donde Tokio explicaba cómo las “estaciones de consuelo” en campos de batalla fueron instaladas a petición formal de las autoridades militares, y fueron directa o indirectamente gestionadas por el Ejército nipón. Declaración que, gabinetes posteriores como los de Shinzo Abe, de Yoshihide Suga y también el del actual primer ministro Fumio Kishida, dijeron respetar.

La distorsión histórica por parte de Japón es un problema recurrente, y emerge cada vez que llega la época de revisar los textos escolares del país vecino. Lo que inquieta a estas alturas, es que esa distorsión es cada vez más seria y descarada, mientras que las autoridades de Tokio hacen caso omiso a las críticas de Corea del Sur, que cada año presenta quejas oficiales al respecto mediante sus representantes diplomáticos en Seúl.