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La ley que sanciona a los tatuadores sin licencia sanitaria seguirá en vigencia en Corea del Sur, conforme a un reciente dictamen del Tribunal Constitucional que dirimió que dicha norma no choca con la Carta Magna, respondiendo a una nueva demanda sobre su posible inconstitucionalidad, la sexta interpuesta en los últimos cinco años.

Los demandantes, un colectivo de tatuadores, alegaron que el artículo 27 de la Ley Médica y el artículo 5 de la Ley de Medidas Especiales sobre Delitos Contra la Salud Pública, sancionan a quienes ofrecen servicios de tatuaje sin ser profesionales sanitarios, algo que contradice el principio “nulla poena sine lege”, que alude a la imposibilidad de sancionar unos hechos no tipificados como delito. Además, consideraron que interfiere en la libertad profesional que garantiza la Constitución. Demandas similares ya fueron elevadas ante el Tribunal Constitucional en cinco ocasiones desde el año 2017, en un intento de suprimir las sanciones a tatuadores sin licencia sanitaria de un mínimo de dos años de prisión y multas de hasta diez millones de wones.

Sobre el dictamen de constitucionalidad, emitido con el visto bueno de cinco de sus nueve magistrados, el Tribunal Constitucional afirma que el procedimiento del tatuaje puede generar graves riesgos para la salud, como infecciones y otros efectos secundarios, al usar agujas o utensilios similares para inyectar la tinta o algún otro pigmento en la dermis, enfatizando que los artículos cuestionados por los tatuadores garantizan la seguridad de dicha práctica, al limitarla a profesionales médico-sanitarios. Agregó que alguien con solo meros conocimientos sobre técnicas de tatuaje no puede garantizar el mismo grado de seguridad que un médico o un agente sanitario, ni observar el protocolo médico antes y después del tatuaje.

En general, en la sociedad surcoreana persiste el rechazo a los tatuajes, sobre todo entre las generaciones mayores, pues siguen asociándolos con criminales. No obstante, la percepción de la gente está cambiando rápidamente, y muchos a día de hoy aceptan los tatuajes como una nueva forma de expresión, como arte y también como industria. De hecho hay quienes sostienen que las leyes precisan una actualización, pues datan de hace treinta años, cuando el Tribunal Supremo consideraba el tatuaje como una práctica médica. También llaman a observar la creciente demanda, pues se estima que en el sector trabajan más de 300.000 tatuadores en el país, que encima obtienen reconocimiento mundial por sus técnicas y por la calidad artística de sus “obras”.

Las personas a favor de los tatuajes hasta alegan que las leyes pueden poner en peligro la salud pública, en lugar de velar por ella, pues al imponer sanciones fomentan que los tatuadores hagan su trabajo clandestinamente y sin un marco regulatorio adecuado.